Señala como retos para la Administración de Justicia la generalización de la firma electrónica y la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

Según la agencia EFE el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, destacó hoy como retos tecnológicos para la Administración de Justicia desterrar el 'formato papel' y dinamizar la capacidad de respuesta contra fenómenos como la ciberdelincuencia.

López Aguilar realizó estas manifestaciones durante la inauguración del II Foro de las Evidencias Electrónicas organizado por el despacho de abogados Garrigues, con el que se pretende plantear los problemas que supone la incorporación de las nuevas tecnologías en el mundo jurídico.

El ministro se refirió a la implantación de la nueva oficina judicial y a las aplicaciones informáticas que se contemplan para 'desterrar de la Justicia el formato papel', lo que consideró un objetivo 'histórico'. Señaló asimismo la necesidad de acabar con la imagen que asocia la Justicia 'con una estampa sórdida de pasillos atestados de legajos y montañas de papel sucio'.

También explicó que ante la ciberdelincuencia debe desarrollarse una 'sofisticación' de los métodos de respuesta, como ha ocurrido en el caso de la desarticulación de la red de violadores de bebés que, dijo, ha podido ser detectada por especialistas.

López Aguilar destacó también la generalización de la firma electrónica y la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

Por su parte, el abogado Antonio Garrigues, presidente del Foro de Evidencias Electrónicas, planteó la necesidad de realizar un esfuerzo superior al que se hace actualmente para luchar contra la ciberdelincuencia. Garrigues dijo que debe hacerse 'investigación jurídica' y sostuvo que la sociedad debe reaccionar ante los riesgos de este fenómeno.

Tal y como informaba acam.es Garrigues Walker relató que, precisamente ayer, un delincuente informático accedió a la lista de asistentes al foro y realizó hasta 250 llamadas telefónicas anunciando la anulación de su celebración por falta de inscripciones. Según Jose María Anguiano, socio del despacho, el caso está en manos de la Brigada de Delitos Telemáticos.