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Sobre el canon: las grandes superficies gravan sus productos para compensar las pérdidas por hurtos
6 de marzo de 2008

El periódico elcorreodigital.com publica hoy una carta de Ignacio Casado que replica a un artículo publicado el 29 de febrero en el mismo medio:

"En relación con el artículo 'Cuidadín con el canon' (29-2-08), de Carlos Zahumenszky, me gustaría hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la Ley de Propiedad Intelectual especifica en su art. 25.4 que la remuneración por copia privada (canon) se aplica a fabricantes y distribuidores, no directamente al consumidor. Resulta cuando menos sospechoso observar que, siendo diferente el canon en cada país de la UE que lo aplica (el español es de los más bajos), los precios de los reproductores son muy similares en toda Europa.

La repercusión del canon parece servir de excusa a los fabricantes para mantener los precios más altos. Segundo: cuando Zahumenszky afirma que «la gestión que se hace de este dinero es cualquier cosa menos transparente» comete un error, quizá por desconocimiento. El 74,4% de lo recaudado está destinado al colectivo de autores y creadores, el 20% a promoción y repertorio, y el 5,6% restante para sufragar los gastos administrativos de las entidades de gestión.

En la SGAE, tales gastos están por ley sometidos a auditoría permanente. La copia privada es sólo el 5% de la recaudación de la SGAE. El reparto se realiza mediante un estudio exhaustivo a través de encuestas para conocer con la mayor precisión de dónde procede el material que graban los usuarios.

Cuando el canon es objeto de debate político y social, me gustaría recordar que situaciones similares -impuestos indirectos o mecanismos de compensación más o menos encubiertos- ocurren con otros muchos artículos y bienes.

Si quiero adquirir un teléfono móvil, me veré obligado a pagar por usos y aplicaciones que quizá no necesite en absoluto. El cineasta José Luis Cuerda señalaba certeramente otro ejemplo: la mayoría de grandes superficies y centros comerciales gravan sus productos para compensar las pérdidas por hurtos y sustracciones. ¿No es eso 'presunción de culpabilidad' de todos los que pagamos lo que compramos? No sé de ningún colectivo ni grupo político que se haya rebelado contra ello.

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